El 50% de los jóvenes en centros de justicia juvenil y el 80% de las mujeres encarceladas requieren atención inmediata de salud mental
• La colaboración entre justicia, salud y comunidad es clave para garantizar una atención efectiva en salud mental al ámbito penitenciario
• Los expertos reclaman atención especializada en unidades psiquiátricas externas para garantizar una recuperación más efectiva y sin estigma de las personas inimputables
El 50% de los jóvenes que ingresan en centros de justicia juvenil y el 80% de las mujeres encarceladas requieren atención inmediata de salud mental. Y en este contexto, l ’éxito en la atención a personas con trastornos mentales al entorno penitenciario depende, fundamentalmente, de la colaboración efectiva entre el sistema de justicia, los servicios de salud y la comunidad. Este es una de las principales resoluciones de la Y Jornada de Salud Mental en el Ámbito Penitenciario, que ha tenido lugar ayer y hoy al Parque Sanitario San Juan de Dios, bajo el título Construyendo puentes hacia una atención integral.
Durante dos días, profesionales de varios ámbitos han abordado cuestiones como la dignificación de la estancia penitenciaria, la reintegración comunitaria, la prevención del suicidio, la perspectiva de género y la intervención con adolescentes. En todos estos casos han coincidido en la necesidad de un modelo centrado en la persona, que considere su trayectoria vital y su contexto social.
En Cataluña, el año 2024, se registraron 2.202 adolescentes con conductos que requirieron intervención del sistema judicial. Un 8% del total de jóvenes que ingresaron a Centros Educativos de Justicia Juvenil requirió una intervención intensiva en unidades terapéuticas como la del Centro Educativo Los Tilos, gestionada por el Parque Sanitario San Juan de Dios. Aunque la Ley Orgánica 5/2000 (Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor –LORPM–) prevé medidas específicas para menores con trastornos mentales que cometen infracciones penales, como el tratamiento ambulatorio en medio abierto y l ’internamiento terapéutico en centros educativos, la falta de recursos especializados de alta contención clínica dificulta una atención adecuada de adolescentes transgresores con problemas de salud mental en el entorno comunitario.
No obstante, el sistema judicial y el de salud mental operan con lógicas diferentes. Mientras uno busca garantizar el cumplimiento de la norma y la responsabilidad penal, el otro prioriza el diagnóstico clínico y el tratamiento del padecimiento psíquico. Los expertos reclaman una mayor coordinación para garantizar intervenciones más justas y eficaces. Un estudio reciente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada sobre reincidencia del año 2023 revela que 7 de cada 10 menores que han delinquido no son reincidentes y pone en valor el acompañamiento y el entorno social como factores clave en la prevención.
Perspectiva de género
Las mujeres representan una minoría dentro del sistema penitenciario (entre el 2% y el 9% mundialmente), pero el 80% de las que ingresan a prisión sufren trastornos mentales y un cuádruple estigma: personal, social, penal y penitenciario. Este hecho ha invisibilitzat las necesidades específicas de las mujeres, especialmente en cuanto a la salud mental y las drogodependencias, y ha perpetuado un sistema que no atiende adecuadamente las desigualdades de género, sociales y emocionales. Y las dificultades se agravan en casos de maternidad o discapacidad.
Las investigadoras Christina Quinlan, de la Universidad Tecnológica de Dublín, y Gemma Escuder, del Parque Sanitario San Juan de Dios, expertas en género en el ámbito penitenciario, reclaman una reforma del sistema con una mirada feminista, informada por el trauma y sensible a la interseccionalitat.
Un modelo pionero con retos pendientes
En Cataluña, un 40% de las 8.000 personas internas requirieron atención especializada en salud mental y adicciones durante 2024. El estrecho vínculo entre la salud mental y el entorno penitenciario y judicial se caracteriza por una notable heterogeneidad en la organización de la asistencia, la provisión de servicios sanitarios y los marcos reguladores que determinan el tratamiento y la trayectoria de las personas con trastornos mentales a la prisión.
El sistema catalán, pionero en el Estado, cuenta con unidades psiquiátricas a los centros de Brians 1 y Brians 2, así como con programas específicos frutos de la colaboración entre los departamentos de Justicia y Salud y el Plan Director de Salud Mental y Adicciones. El Parque Sanitario San Juan de Dios es el principal proveedor de estos servicios en la provincia de Barcelona.
A pesar de los avances, aún hay dificultades para derivar personas con trastorno mental grave que han cometido delitos en contextos de alteración psíquica, sin entender las consecuencias de su conducta, a recursos comunitarios. Según Aitor Eneko Olivé, ningún de gestión de Enfermería en Salud Mental Penitenciaria del Parque Sanitario SJD, “el 60% de las medidas de seguridad se cumplen en hospitales psiquiátricos penitenciarios, perpetuando un modelo que prioriza la seguridad por encima del cuidado” y este deviene uno de los retos principales de trabajo de las políticas sanitarias, el modelo penal y los derechos humanos.
El suicidio, una emergencia también a la prisión
La tasa de suicidio a las prisiones catalanas de 2024 es de 8,1 por cada 10.000 internos, entre ocho y diez veces superiores a la de la comunidad. La mayor incidencia de esta problemática se amplifica por las especiales circunstancias de la privación de libertad, la concentración de factores riesgos añadidos en las personas internas y las condiciones ambientales que implica el internamiento. Se trata de un problema de salud pública de primero nivel.
Para hacer frente, se ha desplegado el Programa Marc de Prevención de Suicidios el el ámbito penitenciario, que contempla diferentes niveles de intervención consensuadas e integradas en la relación de la persona con los diferentes estamentos con los cuales está relacionado y que son, fundamentalmente, equipos de control y vigilancia, equipos de tratamiento multidisciplinarios y equipos sanitarios. Recientemente, se ha incorporado un plan de choque con diez medidas dirigidas a fortalecer la coordinación, incrementar la formación de los profesionales de prisiones, ampliar las actuaciones preventivas, implementar el acompañamiento e intensificar el seguimiento de las personas internas en situación de riesgo que incluye, también, la perspectiva de género.
