El 50% de los jóvenes en centros de justicia juvenil y el 80% de las mujeres encarceladas requieren atención inmediata de salud mental

El 50% de los jóvenes que ingresan en centros de justicia juvenil y el 80% de las mujeres encarceladas requieren atención inmediata de salud mental. Y en este contexto, el éxito en la atención a personas con trastornos mentales en el entorno penitenciario depende, fundamentalmente, de la colaboración efectiva entre el sistema de justicia, los servicios de salud y la comunidad. Esta es una de las principales resoluciones de la I Jornada de Salud Mental en el Ámbito Penitenciario, que ha tenido lugar ayer y hoy en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, bajo el título Construyendo puentes hacia una atención integral.

Durante dos días, profesionales de distintos ámbitos han abordado cuestiones como la dignificación de la estancia penitenciaria, la reintegración comunitaria, la prevención del suicidio, la perspectiva de género y la intervención con adolescentes. En todos estos casos han coincidido en la necesidad de un modelo centrado en la persona que considere su trayectoria vital y su contexto social.

En Cataluña, en 2024, se registraron 2.202 adolescentes con conductas que requirieron la intervención del sistema judicial. Un 8% del total de jóvenes que ingresaron en Centros Educativos de Justicia Juvenil requirió una intervención intensiva en unidades terapéuticas como la del centro educativo Els Til·lers, gestionada por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Aunque la Ley Orgánica 5/2000 (Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor –LORPM–) contempla medidas específicas para menores con trastornos mentales que cometen infracciones penales, como el tratamiento ambulatorio en medio abierto y el internamiento terapéutico en centros educativos, la carencia de recursos especializados de alta contención clínica dificulta una atención adecuada de adolescentes transgresores con problemas de salud mental en el entorno comunitario.

Sin embargo, el sistema judicial y el de salud mental operan con lógicas distintas. Mientras uno busca garantizar el cumplimiento de la norma y la responsabilidad penal, el otro prioriza el diagnóstico clínico y el tratamiento del sufrimiento psíquico. Los expertos reclaman una mayor coordinación para garantizar intervenciones más justas y eficaces. Un estudio reciente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada sobre reincidencia del año 2023 revela que 7 de cada 10 menores que han delinquido no son reincidentes y pone en valor el acompañamiento y el entorno social como factores clave en la prevención.

Perspectiva de género

Las mujeres representan a una minoría dentro del sistema penitenciario (entre el 2% y el 9%, mundialmente), pero el 80% de las que ingresan en prisión sufren trastornos mentales y un cuádruple estigma: personal, social, penal y penitenciario. Este hecho ha invisibilizado las necesidades específicas de las mujeres, especialmente en lo que se refiere a la salud mental y las drogodependencias, y ha perpetuado un sistema que no atiende adecuadamente a las desigualdades de género, sociales y emocionales. Y las dificultades se agravan en casos de maternidad o discapacidad.

Las investigadoras Christina Quinlan, de la Universidad Tecnológica de Dublín, y Gemma Escuder, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, expertas en género en el ámbito penitenciario, reclaman una reforma del sistema con una mirada feminista, informada por el trauma y sensible a la interseccionalidad.

Un modelo pionero con retos pendientes

En Cataluña, un 40% de las 8.000 personas internas requirieron atención especializada en salud mental y adicciones durante 2024. El estrecho vínculo entre la salud mental y el entorno penitenciario y judicial se caracteriza por una notable heterogeneidad en la organización de la asistencia, la provisión de servicios sanitarios y los marcos reguladores que determinan el tratamiento y la trayectoria de las personas con trastornos mentales en prisión.

El sistema catalán, pionero en el Estado, cuenta con unidades psiquiátricas en los centros de Brians 1 y Brians 2, así como programas específicos fruto de la colaboración entre los departamentos de Justicia y Salud y el Plan Director de Salud Mental y Adicciones. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu es el principal proveedor de estos servicios en la provincia de Barcelona.

A pesar de los avances, todavía existen dificultades para derivar a personas con trastorno mental grave que han cometido delitos en contextos de alteración psíquica, sin entender las consecuencias de su conducta, a recursos comunitarios. Según Aitor Eneko Olivé, jefe de gestión de Enfermería en Salud Mental Penitenciaria del Parc Sanitari SJD, “el 60% de las medidas de seguridad se cumplen en hospitales psiquiátricos penitenciarios y perpetúan un modelo que prioriza la seguridad por encima del cuidado”, y este se convierte en uno de los principales retos de trabajo de las políticas sanitarias, el modelo penal y los derechos humanos.

El suicidio, una emergencia también en prisión

La tasa de suicidio en las prisiones catalanas de 2024 es de 8,1 por cada 10.000 internos, entre ocho y diez veces superior a la de la comunidad. La mayor incidencia de esta problemática se amplifica por las especiales circunstancias de la privación de libertad, la concentración de factores de riesgo añadidos en las personas internas y las condiciones ambientales que implica el internamiento. Se trata de un problema de salud pública de primer nivel.

Para hacer frente a esta problemática, se ha desarrollado el Programa Marco de Prevención de Suicidios en el ámbito penitenciario, que contempla diferentes niveles de intervención consensuados e integrados en la relación de la persona con los diferentes estamentos con los que está relacionado y que son, fundamentalmente, equipos de control y vigilancia, equipos de tratamiento multidisciplinar y equipos sanitarios. Recientemente, se ha incorporado un plan de choque con diez medidas dirigidas a fortalecer la coordinación, incrementar la formación de los profesionales de prisiones, ampliar las actuaciones preventivas, implementar el acompañamiento e intensificar el seguimiento de las personas internas en situación de riesgo, que incluye, también, la perspectiva de género.