El 60% de las medidas de seguridad que se aplican por eximente de trastorno mental se cumplen dentro de la prisión
Expertos de San Juan de Dios reclaman atención especializada en unidades psiquiátricas externas para garantizar una recuperación más efectiva y sin estigma
• Profesionales y personas con experiencia propia denuncian los prejuicios y la rigidez judicial como principales obstáculos para la reinserción
• El apoyo de la familia y el acompañamiento de profesionales especializados son claves para el éxito
• Expertos del Parque Sanitario San Juan de Dios reclaman una respuesta adecuada para garantizar tratamientos efectivos y respetuosos con la persona atendida
El 60% de las penas vinculadas a delitos asociados a trastorno mental se cumplen en hospitales psiquiátricos penitenciarios. Profesionales y expertos de la salud mental consideran que el actual sistema ofrece unas herramientas insuficientes para garantizar la recuperación y reinserción a la comunidad de las personas afectadas. Esta es una de las principales conclusiones de la Y Jornada de Salud Mental en el Ámbito Penitenciario, que ha tenido lugar hoy al Parque Sanitario San Juan de Dios, bajo el título Construyendo puentes hacia una atención integral. Los expertos alertan que el estigma y la dificultad para trasladar personas con trastorno mental grave a recursos comunitarios obstaculizan su recuperación y reinserción y, por esto, reclaman unidades especializadas fuera del entorno penitenciario.
En Cataluña, un 40% de las 8.000 personas internas requirieron atención especializada en salud mental y adicciones durante 2024. La jornada ha puesto de manifiesto que, a pesar de disponer de un modelo pionero, el sistema penitenciario y sanitario catalán aún presenta graves dificultades para externalizar personas con trastorno mental grave que han cometido delitos en contextos de alteración psíquica, sin entender las consecuencias de su conducta. Esta situación perpetúa un modelo que prioriza la seguridad por encima del cuidado, y deviene uno de los retos principales de trabajo de las políticas sanitarias, el modelo penal y los derechos humanos.
Aitor Eneko Olivé, ningún de gestión de Enfermería en Salud Mental penitenciaria del Parque Sanitario SJD, considera que “las personas con trastorno mental tienen que recibir atención especializada y, cuando el riesgo disminuye, continuar el tratamiento en recursos comunitarios. Pero la realidad es que el 60% de las medidas de seguridad se cumplen en hospitales psiquiátricos penitenciarios, hecho que contradice los principios de recuperación, desinstitucionalización y dignidad de los cuidados.”
Uno de los principales obstáculos para la reinserción de las personas que han cometido un delito debido a un trastorno mental es la exigencia judicial de riesgo cero a la hora de autorizar el traslado a recursos comunitarios. Pero esta es, a estas alturas, una condición que los profesionales consideran clínicamente inviable. Aunque puedan acreditar un riesgo muy bajo y controlado, los profesionales consideran que esta valoración sola ser insuficiente. De hecho, como consecuencia de esto, personas con trastorno mental permanecen en entornos penitenciarios que los alejan de los recursos más adecuados para su recuperación, a pesar de estar estabilizadas y preparadas para iniciar un proceso de reinserción.
El estigma, una condena añadida
Las personas con trastorno mental internas a prisión sufren una doble vulneración: por el trastorno y por la privación de libertad. “Cuando una persona con trastorno mental comete un delito, deja de ser vista como una persona que necesita cuidado y tratamiento, y pasa a ser percibida como una amenaza”, explica Olivé. El testigo de Ismael Molina, que ha pasado por la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP), ha puesto voz a esta realidad. “Cuando la parte sanitaria considera que ya estás recuperado, aún puedes estar tres años más ingresados por la parte legal. Y cuando sales, el estigma social es muy fuerte. Me tienen más miedo por el trastorno mental que no por el delito que cometí ”, asegura.
El paso de Molina por la UHPP del Parque Sanitario San Juan de Dios ha supuesto un avance en la rotura de protocolos institucionales que estaban más alineados con el cumplimiento de la pena que no en la recuperación. Molina luchó para acceder a un ordenador o a matricularse a la universidad, entre otros. Para él, es muy importante planificar la vida antes de salir y, sobre todo, contar con el apoyo familiar y el acompañamiento profesional a la unidad de salud mental. Hoy, con una vida normalizada y una profesión cualificada, Molina participa en búsquedas sobre el estigma y siempre que si le pide comparte su experiencia, tal y como hizo a la UHPP, ejerciendo de paciente ducho para ayudar a los nuevos internos a adaptarse a la unidad. “Es lo que me habría gustado encontrar cuando llegué ”, concluye.
Una apuesta por la dignidad y la comunidad
El Parque Sanitario San Juan de Dios apuesta, desde hace décadas, por un modelo centrado en la persona y en la recuperación en contacto con la comunidad. Los profesionales reclaman que esta problemática sea una prioridad en la agenda política y social. “Nos encontramos frente una urgencia que merece visibilidad y acción”, afirman los profesionales que están en contacto diario con las personas a las unidades penitenciarias de atención a la salud mental.
En esta línea, el Parque Sanitario SJD defensa la creación de servicios especializados en el ámbito civil donde se implementen las estrategias y técnicas existentes para asegurar proyectos de recuperación valorando el riesgo sin que este bloquee, por miedo, los tratamientos y la reinserción comunitaria, con medidas de contención adecuadas y enfocadas a romper el ciclo de exclusión. Países como Francia o el Reino Unido ya han implementado unidades intermedias de alta seguridad comunitaria que combinan especialización con reinserción libre de estigma.
Con dos unidades hospitalarias psiquiátricas a Brians 1 y 2, y programas de atención ambulatoria, el Parque Sanitario San Juan de Dios es uno de los principales referentes en salud mental penitenciaria en Cataluña. Trabajan 250 profesionales con el objetivo de garantizar que las personas que han cometido delito debido a un trastorno mental tengan acceso a un tratamiento libre de estigma y con las mismas posibilidades de reinserción que aquellos que hacen el tratamiento a la comunidad.